La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), anunció la apertura de otra investigación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el presunto delito electoral de beligerancia política.
Las denuncias fueron presentadas por los ciudadanos: Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sojo Marín, Marco Castillo Rojas, Rodrigo Campos Hernández, Rocío Ramírez Varela y Giovanni Delgado Castro.
Ellos pedían, en primera instancia, imponer medidas cautelares al mandatario; sin embargo, fue rechazado por el tribunal.
Mandatario acumula tres denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Esta nueva investigación se une a dos más que se encuentran en curso, por parte del TSE, las cuales se anunciaron el 6 y 14 de marzo del presente año.
¿Cuáles son las posibles consecuencias contra el presidente Chaves?
La beligerancia política es un delito electoral que consiste en la parcialización de un funcionario público hacia un partido político. En nuestro país, además, del presidente, tienen prohibición de manifestación pública electoral las siguientes personas:
- Vicepresidentes de la República.
- Ministros(as) y viceministros(as).
- Miembros activos del servicio exterior.
- Contralor(a) y subcontralor (a) generales de la República.
- Defensor(a) y defensor(a) adjunto(a) de los habitantes.
- Procurador(a) general y procurador(a) general adjunto(a).
- Quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o sean miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal.
- Los(as) oficiales mayores de los ministerios.
- Los miembros de la autoridad de policía.
- Los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
- Los magistrados(as) y toda persona empleada del TSE.
- Los magistrados y funcionarios(as) el Poder Judicial que administren justicia.
- Quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes.
Según el artículo 146 del Código Electoral, las consecuencias en contra de los funcionarios públicos que desacaten este mandato son: su destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años.
Cabe recalcar que, estas sanciones las impone el TSE en su función de juez especializado de la República.
Varias denuncias
Esta denuncia se une a las ya presentadas en días anteriores por distintas personas, por el mismo presunto delito.
La primera denuncia fue presentada por Allen Solera Cordero; Ricardo Sancho Chavarría, presidente del partido Liberación Nacional; Fabián Solano Fernández y Gonzalo Coto Fernández, presidente y secretario general respectivamente, del partido Acción Ciudadana, además, del diputado y jefe de fracción del partido Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez.
En dicha denuncia, se solicita investigar los hechos referidos a tres conferencias de prensa (4 de diciembre de 2024, y 22, 29 y 30 de enero de 2025), y una cadena de televisión del 8 de diciembre de 2024.
La segunda investigación fue anunciada por el TSE el 14 de marzo, y fue presentada nuevamente por Solera Cordero y Sancho Chavarría. En dicha acusación se solicita investigar las manifestaciones del mandatario en el acto inaugural del curso lectivo 2025, en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios (COTEPECOS).
En la más reciente denuncia se acusan distintas manifestaciones del presidente, así como la imagen de un jaguar, presente también en la divisa de un partido político en proceso de inscripción.
Ahora, corresponderá a la Inspección Electoral del TSE determinar si efectivamente, el mandatario incurrió en los delitos que se le acusan.
*Escrito por: Calet Barquero.