El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó que la administración del presidente Trump puede continuar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (ley que permite al presidente de la nación detener y deportar extranjeros en caso de guerra declarada o una “invasión”), siempre y cuando se les conceda una audiencia judicial.
Los jueces de la institución anularon, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la orden de un tribunal inferior que impedía temporalmente al gobierno llevar a cabo las deportaciones masivas.
No obstante, el fallo determinó que los migrantes venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales deben tener un plazo “razonable” para apelar su expulsión del país.
Igualmente, la decisión del Tribunal se produce después de que más de 200 venezolanos fueran deportados sin el debido proceso estadounidense y fueran enviados a la megacárcel en El Salvador.
Según Brett Kavanaugh, un juez conservador, señaló que él y sus ocho compañeros están de acuerdo en que los migrantes deben de recibir una revisión judicial de sus traslados.
Dos de los tres jueces liberales expresaron por escrito su preocupación por el traslado. Magistradas liberales se unieron a la colega, Sonia Sotomayor, que calificó de sospechosa la conclusión jurídica del tribunal.
En su voto, cuestionó el uso de la ley por parte de Trump y que está misma solo había sido citada en tres ocasiones: La Guerra de 1812, en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, según palabras del mandatario la Ley de Enemigos Extranjeros es necesaria para proteger a EE. UU contra una invasión del Tren de Aragua (banda criminal con raíces en Venezuela).
*Escrito por: Kennya Arguedas Chaves