El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, miles de personas salieron a las calles de Budapest, capital del país europeo, para participar en la marcha. El evento contó con el apoyo del alcalde de la ciudad, Gergely Karácsony, y la presencia de figuras políticas de otros países, como la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, entre muchas otras.
La marcha atrajo a una multitud debido al historial de conflictos sobre los derechos del colectivo en Hungría. El primer ministro Viktor Orbán y la policía amenazaron con tomar acciones si se realizaba la manifestación. Durante una conferencia de prensa, Orbán afirmó que no utilizarían la fuerza para impedir el evento y sostuvo que Hungría mantiene un comportamiento civilizado.
Durante el desarrollo del Pride, la policía instaló un operativo en las principales avenidas de Budapest. Las autoridades implementaron medidas de seguridad que incluyeron puntos de control y vigilancia aérea, según reportes de medios locales. Las organizaciones convocantes alertaron sobre posibles intentos de sabotaje o bloqueos por parte de grupos opositores.
Además de la participación ciudadana, el evento incluyó actividades culturales y mensajes relacionados con los derechos humanos. Varias organizaciones internacionales enviaron comunicados de respaldo y delegaciones que monitorearon el desarrollo de la manifestación en la capital húngara.
Reforma constitucional
La policía y el ministro intentaron prohibir la marcha utilizando una ley aprobada en marzo de este año. Esta normativa prohíbe actividades que “promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad”, en relación con menores de edad. Diversas ONG expresaron su rechazo a esta reforma y 22 embajadas europeas también criticaron las políticas del gobierno.
El ministro del Interior y la policía advirtieron que aplicarían sanciones contra quienes asistieran al evento. Las medidas incluían multas de hasta $586, seguimiento con dispositivos electrónicos o penas de hasta un año de prisión.
Denuncias de derechos humanos
La nueva reforma constitucional de marzo no representa el primer conflicto entre el Gobierno de Hungría y la comunidad LGTBI+. En 2023, Amnistía Internacional (AI) documentó violaciones a los derechos del colectivo y señaló restricciones a su derecho de reunión.
AI también denunció afectaciones contra otros grupos. En medio de la crisis migratoria en Europa, las autoridades húngaras escoltaron a refugiados de regreso hasta la frontera con Serbia. Además, organizaciones defensoras de derechos reproductivos señalaron que las nuevas normativas exigen a los médicos entregar un informe donde confirmen que la persona gestante escuchó el latido fetal antes de abortar.
Escrito por Emilio Román Agüero