Hay una línea clara entre el libre albedrío y el cumplimiento de la ley. Cada persona puede tomar sus propias decisiones, guiada por su moral, su experiencia o su entorno. Pero hay algo que no es opcional: las leyes no están para acomodarse al criterio personal ni para romperse cuando conviene.
Quiero referirme a la reciente situación del boxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez, quien fue detenido por, aparentemente, portar 72,9 gramos de marihuana. Pero más allá del caso en sí, lo que realmente me llamó la atención fueron sus declaraciones a los medios de comunicación tras quedar en libertad:
“Sí consumo, la mayoría consume, todo el país consume… yo no entiendo qué estaba haciendo yo mal”, dijo.
No voy a entrar en el debate de si está bien o mal consumir marihuana, ni en si debería legalizarse o no. Esa es una discusión válida, abierta y que tiene argumentos en ambos lados.
Pero mi punto es otro.
A mí lo que me resulta preocupante es la facilidad con la que se intenta normalizar una conducta que, guste o no, está fuera del marco legal. Decir que “todo el país lo hace” no solo es una generalización sin ningún sustento, sino que además plantea una lógica bastante peligrosa: que algo deja de estar mal simplemente porque es común.
Y no. Así no funciona un estado de derecho.
Si ese fuera el criterio, entonces cualquier conducta podría justificarse bajo la excusa de que es frecuente. Y ese es un camino bastante complicado.
Además, hay un principio básico que no se puede ignorar: nadie puede alegar desconocimiento de la ley para justificar su incumplimiento. Decir que no se sabía que se estaba haciendo algo incorrecto no solo es débil como argumento, sino que evidencia una desconexión preocupante con reglas que son claras.
Y quiero ser claro en algo: mi reacción sería exactamente la misma si estas declaraciones se hicieran sobre cualquier otro presunto delito. No se trata de la marihuana. Se trata de algo más de fondo: la normalización de lo ilegal.
Porque cuando ese mensaje viene de una figura pública, el impacto es mayor. No es solo una opinión más. Es un discurso que puede influir, justificar o incluso validar conductas en otras personas.
Y ahí es donde está el problema.
Si alguien no está de acuerdo con una ley, está en todo su derecho de cuestionarla, criticarla y luchar por cambiarla. Pero hay formas de hacerlo. Están los espacios democráticos, el debate público y los mecanismos institucionales.
Lo que no se puede hacer es simplemente ignorarla y luego justificarlo públicamente como si fuera algo menor.
Porque no lo es.
Normalizar lo ilegal, justificarlo o minimizarlo no es un detalle. Es, poco a poco, empezar a erosionar la idea misma de que las reglas importan. Y cuando eso pasa, lo que se debilita no es una ley en particular, es todo el sistema.
Escrito por Brandon Segura Rojas. Periodista de Gamma Digital.
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