- Gobierno dará un control en el al alza de rentas y regulaciones de Airbnb con un plan integral
El Gobierno de Ciudad de México presentó un plan de 14 puntos para contener el aumento desmedido de las rentas en zonas céntricas y frenar el desplazamiento de los residentes originales. Se propone limitar los incrementos en los precios al Índice de Precios al Consumidor (IPC), crear una Defensoría de Derechos Inquilinarios y establecer un Índice de Precios de Alquiler Razonables.
El programa inicia en las ciudades Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se observa un encarecimiento y alza en los precios de hasta del doble en un año.
El proyecto contempla una inversión de 9 mil millones de pesos en 2025 y la construcción o entrega de 200 mil viviendas accesibles para el 2030. Se añadirá un Observatorio de Suelo y Vivienda, se simplificarán trámites y se legislará sobre plataformas de renta temporal como Airbnb, actualmente en un limbo legal.
El anuncio respondió a protestas en julio en Roma, Condesa y Juárez, donde cientos de personas exigieron regulación contra la masiva presencia de “nómadas digitales” y el turismo de plataformas. Algunas manifestaciones incluyeron daños a establecimientos y expresiones xenófobas, lo que motivó una reacción del Gobierno nacional.
Una de las propuesta es regular el aumento de rentas
Nuevas reglas de alquiler
Entre las acciones clave se encuentra una propuesta para regular el aumento de rentas: los arrendadores no podrán incrementar precios más allá del IPC anual. Además, se impulsará una ley de rentas justas con mecanismos legales, asesoría jurídica gratuita y monitoreo constante de contratos. El objetivo es evitar desalojos arbitrarios y garantizar estabilidad residencial en barrios afectados por el encarecimiento acelerado.
El plan también contempla incentivos fiscales para propietarios que mantengan alquileres accesibles, así como el fortalecimiento de cooperativas habitacionales. La Defensoría de Derechos Inquilinarios tendrá capacidad para recibir denuncias, orientar legalmente y emitir recomendaciones vinculantes en caso de abusos.
Airbnb y turismo digital
Una parte central del proyecto es la regulación de las plataformas de renta temporal. Se exigirá el registro obligatorio de los anfitriones y se impondrán límites a la cantidad de días permitidos por año, con base en estudios de saturación barrial. El gobierno buscará evitar que viviendas completas se retiren del mercado de alquiler residencial para ser destinadas exclusivamente a turistas o trabajadores temporales.
El Observatorio de Suelo y Vivienda recopilará datos sobre precios, uso del suelo y tipo de contratos. Se establecerá un sistema digital de consulta pública para que los ciudadanos puedan conocer valores de referencia por zona. Además, se integrarán criterios sociales y ambientales en la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios.
El modelo toma como referencia experiencias internacionales en ciudades como Berlín, Nueva York y Barcelona, que enfrentaron procesos similares de desplazamiento. El Gobierno local prevé un sistema de evaluación cada seis meses para ajustar las medidas según su impacto
*Escrito por: Emilio Román Agüero
