En una nueva decisión que afecta a la política costarricense, el gobierno de Estados Unidos ha revocado la visa de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa de Paul Castro. Esta medida fue confirmada el 1 de abril de 2025 por la fracción legislativa del PUSC, que indicó que la legisladora fue notificada de la cancelación sin previo aviso.
La revocatoria de la visa a la diputada se suma a una serie de medidas similares adoptadas recientemente contra otras figuras políticas costarricenses. De Paul Castro se convierte en la cuarta legisladora costarricense en perder su visa estadounidense, tras los casos de Johana Obando, Cynthia Córdoba y Francisco Nicolás.
Además, otras personalidades relevantes, como el expresidente Óscar Arias, también han sido objeto de esta sanción.
Aunque el gobierno estadounidense no ha ofrecido explicaciones sobre los motivos de estas revocatorias, se especula que la cancelación de visas a políticos y funcionarios públicos de Costa Rica podría estar relacionada con tensiones diplomáticas y posturas divergentes en cuestiones internacionales.
El caso de Vanessa de Paul Castro se une a una serie de sanciones a figuras cercanas al gobierno de Costa Rica, como funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y hasta miembros del sindicato de esta institución.
A pesar de la falta de claridad oficial sobre las razones de estas medidas, es evidente que el gobierno de Estados Unidos ha incrementado las restricciones a aquellos con posiciones políticas o roles clave en la administración pública costarricense.
A pesar de que los afectados por estas medidas han expresado su desconcierto y críticas, la diputada aún no ha emitido una declaración pública sobre su situación.
El impacto de esta revocatoria ha sido objeto de discusión en los círculos políticos de Costa Rica. Algunos sectores consideran que las medidas son un intento de influir en las políticas internas del país, mientras que otros defienden que son parte de una estrategia diplomática más amplia que responde a los intereses estadounidenses.
Por otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha ofrecido información clara sobre los criterios para revocar las visas ni sobre la relación entre estos eventos y las decisiones políticas tomadas en Costa Rica en las últimas semanas. A pesar de las consultas enviadas desde febrero, la Cancillería de Costa Rica aún espera una respuesta oficial.
Mientras tanto, los partidos opositores en Costa Rica han aprovechado la situación para cuestionar la postura del gobierno del presidente Rodrigo Chaves frente a Estados Unidos. La relación bilateral entre ambos países podría verse afectada si estas revocatorias se perciben como una respuesta a la política exterior del país centroamericano.
Con el paso de los días, la situación de la diputada De Paul Castro podría tomar nuevos giros, y la presión sobre el gobierno costarricense para esclarecer las razones detrás de estas decisiones aumentará.
La cancelación de visas continúa siendo un tema delicado en la política costarricense, y los próximos pasos del gobierno podrían definir el rumbo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.