Como ciudadana costarricense, observo con profunda preocupación cómo la violencia y el crimen organizado está transformando la realidad de nuestro país.
En 2024, Costa Rica registró 880 homicidios, convirtiéndose en el segundo año más violento de nuestra historia. La tasa de homicidios alcanzó 16,6 por cada 100.000 habitantes, una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.
El narcotráfico es identificado como el principal motor de esta violencia. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2024, el 70% de los homicidios estuvieron relacionados con ajustes de cuentas vinculados al tráfico de drogas.
Esta realidad evidencia cómo las organizaciones criminales han infiltrado nuestras comunidades, disputando territorios y sembrando temor entre la población; la provincia de San José ha sido particularmente afectada, registrando el mayor número de homicidios en el país.
Esta situación refleja una tendencia preocupante donde la violencia ya no se limita a zonas fronterizas, sino que se ha extendido al corazón de nuestra nación.
Ante esta crisis, Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad anunció medidas para combatir el crimen organizado, incluyendo la cooperación con agencias internacionales como la DEA y el FBI.
Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. La falta de recursos y estrategias efectivas ha permitido que las organizaciones criminales operen con relativa impunidad.
La corrupción también juega un papel significativo en esta problemática. Un reciente reportaje, escrito por la investigadora Evelyn Villareal Fernández, del programa “Estado Nación” centro de investigación creado por cinco universidades, destaca, la problemática del narcotráfico en Costa Rica y como este desata la violencia y la mala reputación del país; así como, la falta de medidas contra este problema acelera el crecimiento desmedido de la inseguridad nacional.
Es imperativo que el gobierno implemente políticas integrales que no solo se enfoquen en la represión del delito, sino también en la prevención. Esto incluye invertir en educación, generar oportunidades laborales y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. Es nuestra responsabilidad exigir a las autoridades acciones concretas y participar activamente en la construcción de un país más seguro. La colaboración entre ciudadanos y gobierno es esencial para recuperar la paz y la seguridad que tanto anhelamos.
Costa Rica se encuentra en una encrucijada. Si no actuamos con determinación y urgencia, corremos el riesgo de que la violencia y el crimen organizado se arraiguen aún más en nuestra sociedad. Es momento de unirnos y trabajar juntos para devolverle a nuestro país la tranquilidad que merece.
*Escrito por: Melissa Marín