- Lista de casos se extiende por varios países del continente este 2025
- En Costa Rica ya se tomaron medidas para tratar de evitar que se den casos similares.
El asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk durante un evento en Utah puso en evidencia un fenómeno que se repite en distintos países del continente: la creciente violencia contra políticos, funcionarios y figuras públicas. El caso generó alarma internacional, pero forma parte de una serie de ataques que en 2025 se han extendido desde Norteamérica hasta Sudamérica.
En Colombia, la situación es especialmente grave. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue baleado en Bogotá en junio y murió semanas después en el hospital. Pocos meses más tarde, el secretario de Gobierno y concejal de Pradera, Valle del Cauca, José Dorién Jiménez, fue asesinado a tiros en el parque principal del municipio. Según cifras de observatorios locales, ya se registraron más de un centenar de homicidios de líderes sociales y políticos en lo que va del año.
México también enfrenta una ola de violencia política. Tan solo en junio, organizaciones de monitoreo reportaron cerca de 50 ataques relacionados con disputas de poder y presencia de grupos criminales, con al menos 25 políticos asesinados, incluidos tres alcaldes. En Oaxaca, el consejero educativo David Castillejos Cruz fue atacado el 10 de mayo mientras participaba en un acto comunitario.
En Sudamérica, la violencia alcanzó a defensores de derechos humanos. Nilson de Arco fue embestido en Bolivia el 20 de julio mientras documentaba irregularidades locales, lo que provocó su hospitalización. En Ecuador, aunque sin un caso específico este año, persisten amenazas contra dirigentes políticos y sociales, lo que mantiene la atención de organismos internacionales.
Oleadas de ataques en contextos electorales
Los ataques en la región se enmarcan en procesos electorales donde los candidatos y funcionarios se convierten en blancos vulnerables. En Colombia y México, las campañas locales coinciden con repuntes de violencia en municipios disputados por grupos armados. En Brasil, la agresión contra un diputado regional ocurrió en plena preparación de comicios locales, mientras que en Argentina varios intendentes recibieron amenazas en la provincia de Buenos Aires. Costa Rica, que celebrará elecciones nacionales en febrero de 2026, registró antecedentes de violencia electoral en el pasado, con incidentes de amenazas y hostigamiento a candidatos y líderes municipales en distintas regiones.
En varios países, los gobiernos respondieron con refuerzos de seguridad y alertas en zonas de alto riesgo, pero los hechos muestran que las medidas no son suficientes para contener la violencia. La preocupación aumenta de cara a elecciones previstas en los próximos meses en distintas naciones del continente.
Casos relevantes en 2025
Estados Unidos: asesinato del activista Charlie Kirk en Utah.
Colombia: asesinato del senador Miguel Uribe Turbay tras un atentado en Bogotá; homicidio del secretario de Gobierno José Dorién Jiménez en Pradera.
México: alrededor de 25 políticos asesinados en junio, incluidos tres alcaldes; homicidio del consejero educativo David Castillejos Cruz en Oaxaca.
Bolivia: atentado contra el defensor de derechos humanos Nilson de Arco en julio.
Brasil: intento de asesinato contra un diputado regional en Río de Janeiro durante un acto de campaña.
Argentina: amenazas de muerte contra varios intendentes en la provincia de Buenos Aires, investigadas como parte de disputas vinculadas al crimen organizado.
Paraguay: asesinato de un concejal municipal en el departamento de Amambay, zona con fuerte presencia de narcotráfico.
Ecuador: amenazas continuas a dirigentes políticos y sociales en Quito y Guayaquil.
Situación política y medidas de seguridad en Costa Rica
Costa Rica enfrenta un clima político tenso de cara a las elecciones nacionales de febrero de 2026. Durante el presente periodo presidencial, se observa en redes sociales una creciente tendencia a tomar acciones violentas en contra de partidos o figuras políticas.
Ante este contexto, se implementaron diversas medidas de seguridad:
Refuerzo policial en zonas de riesgo: patrullajes más frecuentes en cantones donde históricamente se registraron amenazas a candidatos.
Sistema de monitoreo de incidentes: coordinación entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Policía y organizaciones civiles para reportar y responder rápidamente a incidentes.
Capacitación de funcionarios y partidos: talleres sobre prevención de violencia política y protección de candidatos.
Protección específica a candidatas: protocolos de seguridad para mujeres en política, incluyendo acompañamiento en actos públicos y asesoría en denuncias de hostigamiento.
Además, Costa Rica cuenta con la Ley N.º 10.235, promulgada en 2022, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, obligando a partidos, instituciones y municipalidades a garantizar su participación segura.
*Escrito por: Emilio Román Agüero